Puno cuenta con las cordilleras Vilcanota, La Raya, Carabaya y Apolobamba. Las cuales corren riesgo de desglaciación producto de los efectos del cambio climático, se oyen mensajes que el cambio climático podría ser peor que la pandemia y por ende es necesario la gestión del cambio climático de más alto nivel dirigido por las instituciones rectoras en la temática.

A través del Decreto Supremo 006-2020-MINAM, el Gobierno anunció la creación de la Comisión Multisectorial de carácter permanente dependiente del Ministerio del Ambiente (Minam) denominada “Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático”.

La idea de este nuevo grupo de trabajo es proponer medidas de adaptación y manejo del cambio climático con el menor impacto posible, y que forman parte de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), que son nuestras metas de adaptación y mitigación en el marco del Acuerdo de París.

Un dato interesante de esta comisión – que incluye al Ejecutivo a través de varios ministerios, así como a gobiernos regionales y municipios– es que tendrá en cuenta las recomendaciones de la “Comisión Nacional sobre Cambio Climático y la Plataforma de los pueblos indígenas” a fin de implementarlas.

Junto a ello propondrá y recomendará, en el marco de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, las acciones para neutralizar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y adaptarnos al cambio climático al año 2050.

De igual forma, emitirá los informes técnicos correspondientes sobre las NDC cada cinco años, a partir del primer informe del año 2020, que serán presentados ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de acuerdo con los compromisos internacionales ratificados por el Perú.

Además, supervisará la elaboración y propondrá la actualización de las metodologías para la elaboración de las proyecciones de reducción de emisiones de GEI, que contribuyen al proceso de toma de decisiones sobre las NDC.

Cabe indicar que la Comisión de Alto Nivel puede convocar a representantes de entidades públicas y privadas, sociedad civil, pueblos indígenas y cooperación internacional para que contribuyan con el objeto de la comisión y el desarrollo de sus funciones.