Cada 17 de abril se recuerda el Día Mundial de la Lucha Campesina, el altiplano no es ajena la lucha campesina por la tierra, por la dignidad y en defensa de la identidad.

La bandera de lucha que levantaron los comuneros organizados en la Federación Departamental de Campesinos de Puno (FDCP) fue la vía campesina comunera y la alternativa al modelo asociativo fue la constitución de las empresas comunales para, a partir de ellas, reconstruir la agricultura y ganadería regional.

Evidentemente, el resultado de este proceso no ha sido tal como esperaba la FDCP o como pensaban los gerentes de las empresas e, incluso, las propias autoridades del gobierno.

Para empezar las empresas comunales como alternativas de la empresa SAIS, CAT o ERPS no ha sido asumido por la mayoría de las comunidades campesinas. Los datos que tenemos es que las empresas comunales constituidos luego del proceso de tomas de tierras o de la reestructuración de las empresas no pasa de 100 en todo el departamento. La alternativa elegida por la comunidad ha sido la parcelación interna de las tierras para cada familia. Esta alternativa se sustenta en el hecho de que las tierras recibidas en promedio por cada comunidad no pasan de las 1000 Hás., en el mejor de los casos, y que esas tierras han pasado mayormente a manos de familias campesinas.

La razón de este impacto poco significativo de las empresas comunales quizás se encuentre en el hecho de que las tierras que se entregaron estuvieron prácticamente descapitalizadas: pastos sobrepastoreados, sin capital pecuario, infraestructura de riego abandonada, sin maquinaria, vehículos o bienes muebles. Peor aún, debido a la informalidad con que se realizó el proceso, muchas comunidades y empresas comunales no tuvieron acceso al crédito, ni tampoco se beneficiaron con políticas de reactivación productiva, ni con acciones de fomento y extensión.

Haciendo una comparación con el esfuerzo que hizo el Gobierno Militar en la década del 70, la constitución de las empresas asociativas se reforzó con políticas de crédito, fomento y extensión que capitalizaron estas tierras. Las empresas comunales no recibieron tal trato. Más aún, los socios de estas empresas eran, obviamente, comuneros con poco ganado, sin reservas de semilla, no contaban con maquinarias y tampoco tenían acceso al crédito.

En estas condiciones, las posibilidades de sobrevivencia de las empresas comunales sólo dependen del apoyo externo: vale decir o del Gobierno Regional o de organismos privados de desarrollo. Sin ellos, creemos que es poco probable que las empresas comunales tengan posibilidades de éxito; y de no tenerlos, quizás lo más probable es que se acentúe en Puno la economía campesina de sobrevivencia, de autoconsumo, con pocas probabilidades de convertirse en la base de la reactivación productiva de nuestra región.

Otro hecho significativo, es que las empresas que quedaron en pie han empezado, igualmente un proceso de fragmentación interna de las tierras, con lo cual han pasado a reforzar la tendencia a la fragmentación y fortalecimiento de las pequeñas unidades de producción de base familiar en todo el departamento.

Puno, antes de la reforma agraria poseía ya un porcentaje alto de unidades agrícolas familiares que poseían menos de 5 Hás.; con la reestructuración, este sector se incrementa considerablemente. No es difícil imaginar que, en el año 2000, Puno tiene un 85% de las tierras agrícolas y de pastos naturales en manos de unidades agrícolas familiares que poseen menos de 5 Hás.

Un tema que no lo hemos tratado en el presente trabajo explícitamente, es el problema de la violencia y la actuación de Sendero Luminoso en la Región.

Evidentemente, una solución al conflicto de tierras nos lleva a una contradicción abierta con Sendero Luminoso. De hecho, esta fuerza ha venido actuando sobre la base de la lucha por la tierra en la perspectiva de construir una base política en las zonas de comunidades que tomaban tierras. Su objetivo de liquidar las empresas y de supeditar a los feudatarios ya ha venido causando varios muertos, pero no ha logrado generar un movimiento propio de lucha por la tierra: se ha montado sobre el curso de lucha por la tierra ya existente sin lograr todavía resultados concretos.

En las provincias norteñas de Puno, Sendero ha tratado de constituir un movimiento campesino sobre la base de su accionar armado. Fracasó y fueron una y otra vez aislados políticamente y con ello fueron presa fácil del accionar del Ejército y las Fuerzas Policiales. La base de su derrota se debió al brutal y sanguinario enfrentamiento con las comunidades campesinas y con las organizaciones federativas; posteriormente, trasladaron ese enfrentamiento y asesinatos a feudatarios; precisamente en el momento en que predominaba en el agro puneño la tendencia a la negociación entre comuneros y feudatarios para la solución de los conflictos de tierras.

Pero, así como fracasó la estrategia de Sendero en Puno, fracasó también la estrategia de contrainsurgencia impuesta por los mandos militares que buscaron construir una base social y territorial para sus acciones militares en la zona. Obviamente el hecho de que las empresas asociativas presten sus instalaciones al Ejército y Fuerzas Policiales, llevó a estos a aislarse de las comunidades campesinas; peor aún, las reprimieron y trataron de liquidar el movimiento campesino. No lo consiguieron, como tampoco lograron detener el proceso de la reestructuración.

Sin embargo, la violencia en Puno continúa, no tanto porque esté latente el problema de la tierra, sino por el hecho de que este proceso de luchas campesinas, ha fortalecido a la comunidad y ha creado instancias federativas en el campo, que han dado paso a un real proceso de democratización de la sociedad rural.

Obviamente que la incomprensión del papel que cumplen las organizaciones campesinas en el proceso de democratización de la sociedad rural, genera incomodidades a grupos de poder en la región; sobre todo en aquellos que señalan que la vida democrática no permite la pacificación.

Es por eso muy importante que la culminación del proceso de reestructuración debe dejar fortalecido las organizaciones sindicales y populares en el medio rural; que debe dejar establecido una fuerte actividad política en el medio rural porque ello permite el libre debate y confrontación de ideas que son precisamente la base de una real democracia en la región.

Si la reestructuración no culmina fortaleciendo los gremios quizás se haya perdido la oportunidad de sentar las bases de la pacificación en Puno.

Desde cualquier punto de vista, es conveniente que la negociación final de los puntos pendientes de reestructuración debe ser hechos bajo la dirección de la FDCP. Esto debido a que gran parte de los conflictos son entre comuneros y feudatarios y se requiere para su solución una autoridad política reconocida por los campesinos. Esta autoridad no es el funcionario de la Unidad Agraria porque ha perdido credibilidad en los campesinos y, porque, en muchos casos ha actuado de manera equivoca. Tampoco lo es el Gobierno Regional: ni el Consejo Regional, ni la Asamblea Regional. Ambos están alejados de una visión de democratización de la sociedad rural y no expresan el intenso proceso de lucha por la tierra que vivió Puno. Por lo demás, a un año (1990) de instalada la Asamblea y el Gobierno Regional, no tomaron ninguna iniciativa para encontrar salidas a este problema.

Por ello es conveniente dejar que sean las propias instancias federativas que encuentren soluciones adecuadas en asambleas de comunidades y de feudatarios, los problemas derivados del proceso de reestructuración.